Las circunstancias han querido que este episodio y la posterior reflexión colectiva que ha situado la salud en el centro del debate sobre cómo deben ser los lugares donde vivimos coincidan con el proceso de redacción del Plan Director Urbanístico del área metropolitana de Barcelona. La oportunidad de ver de qué manera el urbanismo y, en concreto, el PDU pueden afrontar con mayor eficacia episodios similares al actual y, también, de reflexionar sobre qué lecciones se pueden aprender para diseñar una metrópolis más saludable, pues, no puede pasarse por alto.
El PDU, la COVID-19 y la ciudad saludable
Deberían identificarse, pues, las oportunidades puntuales que ha ofrecido esta crisis para transformarlas e incorporarlas a la futura cotidianidad de forma permanente: ¿de qué manera puede aprovechar el planeamiento urbanístico los cambios sociales, económicos y culturales que producirá la pandemia para hacer realidad el modelo de ciudad anhelado? Y, en el campo específico de la salud, ¿hasta qué punto puede incrementar la importancia de los aspectos relacionados con la salud, no únicamente en cuanto al tratamiento de pandemias, sino sobre todo de forma preventiva a través de la generación de entornos más saludables?
El artículo desarrollado a continuación corresponde a la síntesis de una reflexión más extensa liderada por el Área de Desarrollo de Políticas Urbanísticas del AMB mediante el Servicio de Redacción del Plan Director, que encontrará en el siguiente documento.
El artículo desarrollado a continuación corresponde a la síntesis de una reflexión más extensa liderada por el Área de Desarrollo de Políticas Urbanísticas del AMB mediante el Servicio de Redacción del Plan Director, que encontrará en el siguiente documento.
EL URBANISMO Y LA PANDEMIA
Los recientes antecedentes de crisis sanitarias tanto o más graves que la actual son numerosos, y van desde la devastadora «gripe española», que acabó con la vida de decenas de millones de personas en todo el mundo a principios del siglo XX hasta los brotes de zika o ébola del presente siglo.
A partir de dichos antecedentes, uno se pregunta si estas pandemias y epidemias llevaron a un cambio del modelo urbanístico en los lugares donde se producían y constata, en todos los casos, una voluntad de transformar la ciudad hacinada e insalubre para hacerla más habitable, pero no un cuestionamiento de la ciudad en si misma.
A partir de ahí, podemos plantearnos dos tipos de preguntas. Las primeras corresponden a un periodo de tiempo a corto plazo, a la respuesta ante la crisis: ¿qué puede hacer el planeamiento urbanístico para adaptar la ciudad a eventuales episodios futuros de características similares? El segundo tipo de preguntas hacen referencia a lo que ocurra a largo plazo, lo que identifica las oportunidades puntuales que ha ofrecido esta crisis para transformarlas e incorporarlas a la futura cotidianidad de forma permanente: ¿de qué manera puede aprovechar el planeamiento urbanístico los cambios sociales, económicos y culturales que producirá la pandemia para hacer realidad el modelo de ciudad anhelado? Y, en el campo específico de la salud, ¿hasta qué punto puede incrementar la importancia de los aspectos relacionados con la salud, no únicamente en cuanto al tratamiento de pandemias, sino sobre todo de forma preventiva a través de la generación de entornos más saludables?
Trataremos de contestar estas preguntas a partir de los cuatro elementos relacionados con el planeamiento urbanístico, donde, en principio, esta crisis ha tenido unos mayores impactos: los equipamientos (en especial los sanitarios), la movilidad, el espacio público y la vivienda. Los cuatro están estrechamente relacionados y muestran sinergias evidentes, y por este motivo es importante que el planeamiento los aborde de manera integral y junto con los demás elementos. Pero es interesante destacar sus particularidades.
A partir de dichos antecedentes, uno se pregunta si estas pandemias y epidemias llevaron a un cambio del modelo urbanístico en los lugares donde se producían y constata, en todos los casos, una voluntad de transformar la ciudad hacinada e insalubre para hacerla más habitable, pero no un cuestionamiento de la ciudad en si misma.
A partir de ahí, podemos plantearnos dos tipos de preguntas. Las primeras corresponden a un periodo de tiempo a corto plazo, a la respuesta ante la crisis: ¿qué puede hacer el planeamiento urbanístico para adaptar la ciudad a eventuales episodios futuros de características similares? El segundo tipo de preguntas hacen referencia a lo que ocurra a largo plazo, lo que identifica las oportunidades puntuales que ha ofrecido esta crisis para transformarlas e incorporarlas a la futura cotidianidad de forma permanente: ¿de qué manera puede aprovechar el planeamiento urbanístico los cambios sociales, económicos y culturales que producirá la pandemia para hacer realidad el modelo de ciudad anhelado? Y, en el campo específico de la salud, ¿hasta qué punto puede incrementar la importancia de los aspectos relacionados con la salud, no únicamente en cuanto al tratamiento de pandemias, sino sobre todo de forma preventiva a través de la generación de entornos más saludables?
Trataremos de contestar estas preguntas a partir de los cuatro elementos relacionados con el planeamiento urbanístico, donde, en principio, esta crisis ha tenido unos mayores impactos: los equipamientos (en especial los sanitarios), la movilidad, el espacio público y la vivienda. Los cuatro están estrechamente relacionados y muestran sinergias evidentes, y por este motivo es importante que el planeamiento los aborde de manera integral y junto con los demás elementos. Pero es interesante destacar sus particularidades.
LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL PDU
LOS EQUIPAMIENTOS
Si algo ha dejado claro esta crisis es la importancia de la calidad de los servicios sanitarios, y muy especialmente de la sanidad pública, a la hora de dar una respuesta. La dotación de equipamientos sanitarios y sociosanitarios, desde las farmacias hasta los hospitales de referencia, pasando por los centros de atención primaria o los centros de salud mental, es ciertamente materia de planeamiento.
En este sentido, el planeamiento urbanístico debe considerar dos puntos en sus propuestas en referencia a los equipamientos. En primer lugar, asegurar un diálogo y coordinación con el planeamiento sectorial para garantizar la mejor localización y características para la atención de las demandas de la población con la mayor proximidad y eficiencia posibles. En segundo lugar, concebir y localizar equipamientos con la suficiente flexibilidad para desempeñar la función principal para la que han sido concebidos y, al mismo tiempo, ser capaces de adaptarse a unas demandas sociales cambiantes y de atender eventualmente las necesidades de una situación de crisis pandémica o de cualquier otra emergencia inesperada.
LA MOVILIDAD
Tres grandes temas han centrado el debate acerca del planeamiento de la movilidad en las ciudades a raíz de la experiencia de la COVID-19: el cambio en la distribución modal de los desplazamientos, la eventual disminución de la propia movilidad debido al teletrabajo y la posibilidad de introducir cierta flexibilidad horaria en las jornadas laborales de los trabajadores.
Sobre estos tres ejes descansa seguramente el punto más trascendente que ha ofrecido la situación creada por la COVID-19: el descubrimiento y la posterior reflexión por parte de muchas personas en torno a las ventajas de un nuevo modelo de movilidad e incluso de su necesidad. La percepción que otra utilización del espacio urbano es posible si se cambia el modelo de movilidad, que la calidad del aire, la liberación de superficies destinadas exclusivamente al tráfico de vehículos e, incluso, la propia convivencia pueden mejorar las condiciones del entorno, ha supuesto que gran parte de la población empiece a mostrarse dispuesta a renunciar a unas rutinas que hasta ahora veía insustituibles en pro de una mejor calidad de vida. El urbanismo debe liderar y guiar este proceso de transformación para que se lleve a cabo de forma ordenada.
EL ESPACIO PÚBLICO
El episodio de confinamiento ha significado quizás no una renuncia, pero sí la reducción máxima de la utilización del espacio público. De ahí que sea necesario, antes que nada, cuestionarse la idoneidad de planificar el espacio público a partir de unos criterios que responden a una situación excepcional que requería usarlo lo menos posible. Es más, si se entiende que el espacio público es el espacio de relación social, ¿qué sentido tiene dimensionarlo en términos que minimicen la interacción con otras personas? Y, en cualquier caso, ¿hasta qué punto podemos introducir en nuestras ciudades unos espacios verdes, unas plazas o unas aceras de las proporciones que exige la precaución sanitaria actual?
El confinamiento no exige una remodelación del espacio público, sino una minimización de su uso. Los requerimientos del confinamiento, pues, no deberían servir para orientar el diseño del espacio público. Ahora bien, como decíamos antes, no se trata tanto de planear para la excepcionalidad como de aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece esta excepcionalidad para repensar nuestra ciudad. El PDU no debe fijarse en el planeamiento estricto para la pandemia, sino en el descubrimiento por parte de la ciudadanía de las ventajas de utilizar el espacio público de forma diferente a la actual, más aún cuando esta nueva concepción del espacio público transita en la misma dirección en pro de una ciudad más habitable y más sostenible promulgada por el propio Plan. Y para hacerlo, deben potenciarse las actuaciones de mejora y extensión de la infraestructura verde, de incremento de la funcionalidad de los espacios naturales y de maximización de los servicios ecosistémicos.
LA VIVIENDA
La permanencia forzosa y prolongada en el domicilio impuesta por el confinamiento ha aportado también una nueva dimensión a un problema lamentablemente tan antiguo en nuestro país como es el acceso y las condiciones de la vivienda. Aparte de percepciones subjetivas sobre la propia vivienda que muchos individuos no han tenido hasta que se han visto obligados a pasar en ella periodos prolongados de tiempo, la problemática de la vivienda se ha manifestado principalmente en tres aspectos: el espacio disponible, las condiciones de habitabilidad y la posibilidad de relacionarse con el exterior.
El tratamiento de estas tres cuestiones que el episodio de confinamiento ha puesto de manifiesto, y a las que deberían añadirse muchos otros problemas, ponen de relieve, más que nunca, la necesidad de disponer de instrumentos que garanticen el acceso y la permanencia de todos en una vivienda digna. En el ámbito urbanístico, sigue siendo prioritaria la reserva de suelo para viviendas de protección oficial, especialmente en la ciudad construida, así como la construcción de viviendas dotacionales que garanticen la acogida para personas vulnerables en viviendas independientes.
Si algo ha dejado claro esta crisis es la importancia de la calidad de los servicios sanitarios, y muy especialmente de la sanidad pública, a la hora de dar una respuesta. La dotación de equipamientos sanitarios y sociosanitarios, desde las farmacias hasta los hospitales de referencia, pasando por los centros de atención primaria o los centros de salud mental, es ciertamente materia de planeamiento.
En este sentido, el planeamiento urbanístico debe considerar dos puntos en sus propuestas en referencia a los equipamientos. En primer lugar, asegurar un diálogo y coordinación con el planeamiento sectorial para garantizar la mejor localización y características para la atención de las demandas de la población con la mayor proximidad y eficiencia posibles. En segundo lugar, concebir y localizar equipamientos con la suficiente flexibilidad para desempeñar la función principal para la que han sido concebidos y, al mismo tiempo, ser capaces de adaptarse a unas demandas sociales cambiantes y de atender eventualmente las necesidades de una situación de crisis pandémica o de cualquier otra emergencia inesperada.
LA MOVILIDAD
Tres grandes temas han centrado el debate acerca del planeamiento de la movilidad en las ciudades a raíz de la experiencia de la COVID-19: el cambio en la distribución modal de los desplazamientos, la eventual disminución de la propia movilidad debido al teletrabajo y la posibilidad de introducir cierta flexibilidad horaria en las jornadas laborales de los trabajadores.
Sobre estos tres ejes descansa seguramente el punto más trascendente que ha ofrecido la situación creada por la COVID-19: el descubrimiento y la posterior reflexión por parte de muchas personas en torno a las ventajas de un nuevo modelo de movilidad e incluso de su necesidad. La percepción que otra utilización del espacio urbano es posible si se cambia el modelo de movilidad, que la calidad del aire, la liberación de superficies destinadas exclusivamente al tráfico de vehículos e, incluso, la propia convivencia pueden mejorar las condiciones del entorno, ha supuesto que gran parte de la población empiece a mostrarse dispuesta a renunciar a unas rutinas que hasta ahora veía insustituibles en pro de una mejor calidad de vida. El urbanismo debe liderar y guiar este proceso de transformación para que se lleve a cabo de forma ordenada.
EL ESPACIO PÚBLICO
El episodio de confinamiento ha significado quizás no una renuncia, pero sí la reducción máxima de la utilización del espacio público. De ahí que sea necesario, antes que nada, cuestionarse la idoneidad de planificar el espacio público a partir de unos criterios que responden a una situación excepcional que requería usarlo lo menos posible. Es más, si se entiende que el espacio público es el espacio de relación social, ¿qué sentido tiene dimensionarlo en términos que minimicen la interacción con otras personas? Y, en cualquier caso, ¿hasta qué punto podemos introducir en nuestras ciudades unos espacios verdes, unas plazas o unas aceras de las proporciones que exige la precaución sanitaria actual?
El confinamiento no exige una remodelación del espacio público, sino una minimización de su uso. Los requerimientos del confinamiento, pues, no deberían servir para orientar el diseño del espacio público. Ahora bien, como decíamos antes, no se trata tanto de planear para la excepcionalidad como de aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece esta excepcionalidad para repensar nuestra ciudad. El PDU no debe fijarse en el planeamiento estricto para la pandemia, sino en el descubrimiento por parte de la ciudadanía de las ventajas de utilizar el espacio público de forma diferente a la actual, más aún cuando esta nueva concepción del espacio público transita en la misma dirección en pro de una ciudad más habitable y más sostenible promulgada por el propio Plan. Y para hacerlo, deben potenciarse las actuaciones de mejora y extensión de la infraestructura verde, de incremento de la funcionalidad de los espacios naturales y de maximización de los servicios ecosistémicos.
LA VIVIENDA
La permanencia forzosa y prolongada en el domicilio impuesta por el confinamiento ha aportado también una nueva dimensión a un problema lamentablemente tan antiguo en nuestro país como es el acceso y las condiciones de la vivienda. Aparte de percepciones subjetivas sobre la propia vivienda que muchos individuos no han tenido hasta que se han visto obligados a pasar en ella periodos prolongados de tiempo, la problemática de la vivienda se ha manifestado principalmente en tres aspectos: el espacio disponible, las condiciones de habitabilidad y la posibilidad de relacionarse con el exterior.
El tratamiento de estas tres cuestiones que el episodio de confinamiento ha puesto de manifiesto, y a las que deberían añadirse muchos otros problemas, ponen de relieve, más que nunca, la necesidad de disponer de instrumentos que garanticen el acceso y la permanencia de todos en una vivienda digna. En el ámbito urbanístico, sigue siendo prioritaria la reserva de suelo para viviendas de protección oficial, especialmente en la ciudad construida, así como la construcción de viviendas dotacionales que garanticen la acogida para personas vulnerables en viviendas independientes.
EL RESURGIR DEL DEBATE: CIUDAD DENSA Y COMPACTA VS. CIUDAD DISPERSA Y DE BAJA DENSIDAD
Los cuatro temas analizados por separado –equipamientos, movilidad, espacio público y vivienda– han dejado entrever la cuestión de fondo que subyace en todos ellos: el permanente debate entre el modelo de ciudad densa y compacta frente a la ciudad dispersa y de baja densidad.
Algunos análisis del impacto de la pandemia han llegado a la conclusión de que la mayor incidencia de la enfermedad se produce en zonas de alta densidad. Seguramente, se requerirían análisis más precisos para determinar hasta qué punto esa mayor incidencia del virus es consecuencia directa de la densidad o simplemente deriva del hecho de que se produce más interacción en los núcleos urbanos porque en él se concentran más servicios. Asimismo, sería necesario evaluar minuciosamente hasta qué punto no es la densidad urbana sino el nivel socioeconómico de la población, que a menudo concentra los estratos más desfavorecidos en los barrios más degradados de las grandes ciudades, el causante de este diferencial.
Con independencia de esas cuestiones, sin embargo, hay tres razones que tienden a inclinar claramente la balanza hacia el lado de la ciudad densa y compacta.
La primera razón está relacionada con la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis como la provocada por el coronavirus. La ciudad de proximidad, cohesionada y compleja, la ciudad con dotaciones y equipamientos es la que a lo largo de esta crisis ha podido dar una respuesta rápida y eficaz a la demanda sanitaria, ya que es donde se concentran los equipamientos sanitarios y los profesionales que han permitido atender a los enfermos e investigar sobre las características de la pandemia.
La segunda razón a favor de la ciudad densa y compacta es la sostenibilidad. El consumo de suelo, la elevada movilidad individual basada en medios de transporte motorizados, el mayor consumo de agua y energía o la fragmentación de los entornos naturales y agrarios debido a la mayor necesidad de infraestructuras constituyen impactos asociados a la ciudad dispersa y de baja densidad. En caso de generalizarse, se dañaría el territorio metropolitano de forma irreparable en pro de un modelo que, como se ha apuntado, en ningún momento se ha comprobado que sea más resiliente a las pandemias.
La tercera razón es la más simple y, por este motivo, seguramente la más contundente: la ciudad densa y compacta es preferible porque, cuanto menos en el ámbito metropolitano de Barcelona, no podemos permitirnos un modelo de baja densidad. No se trata solo de que el modelo de ocupación extensiva del espacio obligaría a renunciar a muchos valores ambientales y paisajísticos como los que ofrecen hoy en día los espacios naturales y agrarios del territorio metropolitano, sino que, simplemente, no disponemos de suficiente espacio físico. Así, los tejidos residenciales de la región metropolitana de Barcelona, con sus calles y otros sistemas locales, ocupan aproximadamente 40.000 hectáreas. Si se disminuyera la densidad de los tejidos más comprimidos sin hacer crecer la de los que tienen una densidad menor, el suelo necesario incrementaría notablemente hasta niveles insostenibles ambiental y funcionalmente. Es más, si el esponjamiento siguiera los valores de las urbanizaciones de menor densidad, el suelo residencial necesario superaría con creces la superficie total de la región.
Algunos análisis del impacto de la pandemia han llegado a la conclusión de que la mayor incidencia de la enfermedad se produce en zonas de alta densidad. Seguramente, se requerirían análisis más precisos para determinar hasta qué punto esa mayor incidencia del virus es consecuencia directa de la densidad o simplemente deriva del hecho de que se produce más interacción en los núcleos urbanos porque en él se concentran más servicios. Asimismo, sería necesario evaluar minuciosamente hasta qué punto no es la densidad urbana sino el nivel socioeconómico de la población, que a menudo concentra los estratos más desfavorecidos en los barrios más degradados de las grandes ciudades, el causante de este diferencial.
Con independencia de esas cuestiones, sin embargo, hay tres razones que tienden a inclinar claramente la balanza hacia el lado de la ciudad densa y compacta.
La primera razón está relacionada con la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis como la provocada por el coronavirus. La ciudad de proximidad, cohesionada y compleja, la ciudad con dotaciones y equipamientos es la que a lo largo de esta crisis ha podido dar una respuesta rápida y eficaz a la demanda sanitaria, ya que es donde se concentran los equipamientos sanitarios y los profesionales que han permitido atender a los enfermos e investigar sobre las características de la pandemia.
La segunda razón a favor de la ciudad densa y compacta es la sostenibilidad. El consumo de suelo, la elevada movilidad individual basada en medios de transporte motorizados, el mayor consumo de agua y energía o la fragmentación de los entornos naturales y agrarios debido a la mayor necesidad de infraestructuras constituyen impactos asociados a la ciudad dispersa y de baja densidad. En caso de generalizarse, se dañaría el territorio metropolitano de forma irreparable en pro de un modelo que, como se ha apuntado, en ningún momento se ha comprobado que sea más resiliente a las pandemias.
La tercera razón es la más simple y, por este motivo, seguramente la más contundente: la ciudad densa y compacta es preferible porque, cuanto menos en el ámbito metropolitano de Barcelona, no podemos permitirnos un modelo de baja densidad. No se trata solo de que el modelo de ocupación extensiva del espacio obligaría a renunciar a muchos valores ambientales y paisajísticos como los que ofrecen hoy en día los espacios naturales y agrarios del territorio metropolitano, sino que, simplemente, no disponemos de suficiente espacio físico. Así, los tejidos residenciales de la región metropolitana de Barcelona, con sus calles y otros sistemas locales, ocupan aproximadamente 40.000 hectáreas. Si se disminuyera la densidad de los tejidos más comprimidos sin hacer crecer la de los que tienen una densidad menor, el suelo necesario incrementaría notablemente hasta niveles insostenibles ambiental y funcionalmente. Es más, si el esponjamiento siguiera los valores de las urbanizaciones de menor densidad, el suelo residencial necesario superaría con creces la superficie total de la región.
CONCLUSIONES
La ciudad del futuro debe ser fruto de la reflexión compartida y no de la decisión precipitada, arrastrada por la urgencia del momento o la gravedad de las circunstancias. El PDU trabaja por el impulso de un modelo, estable en el tiempo, de ciudad más saludable. Este modelo se asienta sobre tres principios de sostenibilidad: social, medioambiental y económica. Esto significa que planteamos una ciudad que con los años pueda revertir el cambio climático, mejorando la calidad de la matriz territorial y la urbana, y reduciendo las desigualdades sociales. La experiencia de la COVID-19 no va a cambiar este paradigma.
Sin embargo, el confinamiento que hemos vivido para hacer frente a la epidemia tiene consecuencias. En primer lugar, está provocando una nueva crisis económica, con un nuevo crecimiento de las desigualdades sociales y un incremento preocupante del nivel de pobreza de la población. En este sentido, el PDU deberá facilitar la generación de nueva actividad económica a través de una regulación de las actividades flexible, pero que al mismo tiempo garantice la calidad urbana y la compatibilidad con los usos residenciales.
Otra lección que hemos extraído de la pandemia ha sido la forma en la que se han utilizado los equipamientos, tanto en términos generales como específicamente sanitarios. Los primeros han sufrido una auténtica metamorfosis, se han habilitado instalaciones deportivas para convertirlas en improvisados hospitales, mientras que los propios hospitales han mutado por dentro su distribución de servicios con una increíble rapidez. Esto nos conduce a replantearnos cómo debe ser la regulación de los usos de los equipamientos. En definitiva, debe ser una regulación urbanística de los usos mucho más flexible que la actual.
En relación con el espacio público, se ha puesto de manifiesto que en algunas zonas urbanas muy densas es escaso, y que si bien el Plan Director incorporará, no sin muchas dificultades, algunas nuevas reservas de plazas y parques, es evidente que no podemos perder ni una pizca de las que ya tenemos. Vamos a necesitar todas las reservas viarias de las que disponemos aunque cambiemos sus funciones, porque si queremos reducir las reservas de carriles para el tráfico de vehículos privados, nos faltará más espacio para bicicletas, peatones y transporte público. Y todo ello sin perder de vista que no se podrá suprimir totalmente el vehículo privado por sus vinculaciones con la actividad económica, con la logística de distribución a domicilio y con la movilidad en los puestos de trabajo sin transporte público suficiente.
El Plan Director, pues, plantea las infraestructuras viarias y ferroviarias como un sistema único interrelacionado que debe apoyar una movilidad mucho más activa, que facilite el transporte público y que limite la movilidad privada a las necesidades reales. Es preciso que el PDU garantice un nivel suficiente de reservas de sistemas viarios, parques y equipamientos, para lograr una ciudad en la que la distribución con calidad de estos servicios llegue por igual a todos los barrios.
En el caso de las necesidades de vivienda social, si ya eran muy importantes antes de la COVID-19 por razón del déficit en el parque de viviendas sociales de alquiler, ahora serán más acuciantes debido a que nuevas franjas de la población se incorporarán al colectivo vulnerable que no puede acceder a un alquiler de mercado. Esto nos conduce a una situación de mayor tensión que reclama soluciones urgentes y soluciones a largo plazo. La gestión urbanística intensa, que desarrolle los sectores donde es posible construir vivienda, puede dar salida a los problemas más urgentes. El Plan Director podrá establecer un horizonte más lejano e incorporar nuevas actuaciones de vivienda que faciliten, a través del desarrollo urbanístico de nuevos sectores, la consecución de un parque de viviendas públicas suficiente para cubrir todas las emergencias del futuro en materia de vivienda.
Todos estos planteamientos no solo vienen explicados en los objetivos, sino que tienen también su reflejo en los propósitos recogidos en el Avance. El episodio de la COVID-19 ha ofrecido, sin embargo, una doble oportunidad que el PDU no puede desperdiciar. En primer lugar, mejorar estas propuestas a partir de las lecciones aprendidas a raíz de la crisis sanitaria y de las múltiples aportaciones por parte de la ciudadanía. Y, en segundo lugar, acelerar determinadas dinámicas de cambio que ya venían produciéndose en la línea de sus objetivos y planteamientos.
Por último, debe quedar claro que el Plan Director no será la herramienta más adecuada para resolver las emergencias. Pero será el instrumento que, a través de la planificación del territorio, nos debe servir para crear una ciudad que esté más preparada para afrontar emergencias futuras, que sea más saludable, cuide de los más vulnerables y sea más solidaria.
Sin embargo, el confinamiento que hemos vivido para hacer frente a la epidemia tiene consecuencias. En primer lugar, está provocando una nueva crisis económica, con un nuevo crecimiento de las desigualdades sociales y un incremento preocupante del nivel de pobreza de la población. En este sentido, el PDU deberá facilitar la generación de nueva actividad económica a través de una regulación de las actividades flexible, pero que al mismo tiempo garantice la calidad urbana y la compatibilidad con los usos residenciales.
Otra lección que hemos extraído de la pandemia ha sido la forma en la que se han utilizado los equipamientos, tanto en términos generales como específicamente sanitarios. Los primeros han sufrido una auténtica metamorfosis, se han habilitado instalaciones deportivas para convertirlas en improvisados hospitales, mientras que los propios hospitales han mutado por dentro su distribución de servicios con una increíble rapidez. Esto nos conduce a replantearnos cómo debe ser la regulación de los usos de los equipamientos. En definitiva, debe ser una regulación urbanística de los usos mucho más flexible que la actual.
En relación con el espacio público, se ha puesto de manifiesto que en algunas zonas urbanas muy densas es escaso, y que si bien el Plan Director incorporará, no sin muchas dificultades, algunas nuevas reservas de plazas y parques, es evidente que no podemos perder ni una pizca de las que ya tenemos. Vamos a necesitar todas las reservas viarias de las que disponemos aunque cambiemos sus funciones, porque si queremos reducir las reservas de carriles para el tráfico de vehículos privados, nos faltará más espacio para bicicletas, peatones y transporte público. Y todo ello sin perder de vista que no se podrá suprimir totalmente el vehículo privado por sus vinculaciones con la actividad económica, con la logística de distribución a domicilio y con la movilidad en los puestos de trabajo sin transporte público suficiente.
El Plan Director, pues, plantea las infraestructuras viarias y ferroviarias como un sistema único interrelacionado que debe apoyar una movilidad mucho más activa, que facilite el transporte público y que limite la movilidad privada a las necesidades reales. Es preciso que el PDU garantice un nivel suficiente de reservas de sistemas viarios, parques y equipamientos, para lograr una ciudad en la que la distribución con calidad de estos servicios llegue por igual a todos los barrios.
En el caso de las necesidades de vivienda social, si ya eran muy importantes antes de la COVID-19 por razón del déficit en el parque de viviendas sociales de alquiler, ahora serán más acuciantes debido a que nuevas franjas de la población se incorporarán al colectivo vulnerable que no puede acceder a un alquiler de mercado. Esto nos conduce a una situación de mayor tensión que reclama soluciones urgentes y soluciones a largo plazo. La gestión urbanística intensa, que desarrolle los sectores donde es posible construir vivienda, puede dar salida a los problemas más urgentes. El Plan Director podrá establecer un horizonte más lejano e incorporar nuevas actuaciones de vivienda que faciliten, a través del desarrollo urbanístico de nuevos sectores, la consecución de un parque de viviendas públicas suficiente para cubrir todas las emergencias del futuro en materia de vivienda.
Todos estos planteamientos no solo vienen explicados en los objetivos, sino que tienen también su reflejo en los propósitos recogidos en el Avance. El episodio de la COVID-19 ha ofrecido, sin embargo, una doble oportunidad que el PDU no puede desperdiciar. En primer lugar, mejorar estas propuestas a partir de las lecciones aprendidas a raíz de la crisis sanitaria y de las múltiples aportaciones por parte de la ciudadanía. Y, en segundo lugar, acelerar determinadas dinámicas de cambio que ya venían produciéndose en la línea de sus objetivos y planteamientos.
Por último, debe quedar claro que el Plan Director no será la herramienta más adecuada para resolver las emergencias. Pero será el instrumento que, a través de la planificación del territorio, nos debe servir para crear una ciudad que esté más preparada para afrontar emergencias futuras, que sea más saludable, cuide de los más vulnerables y sea más solidaria.