Considerando que una parte de las necesidades económicas, sociales y ambientales de los ciudadanos cambian con el tiempo, es necesario dotar las normativas de la flexibilidad necesaria para poder adecuar a la realidad urbana, en cada momento, el planeamiento, los actores y agentes implicados en el proceso, y facilitar así una gestión rápida de los cambios.

Hay que pasar de un urbanismo de hitos (planeamiento, gestión, urbanización, edificación, actividad...) a un urbanismo de proceso que interprete el conjunto como un todo, y no como partes independientes, y que sea capaz de gestionar la complejidad y los cambios. Por lo tanto, es necesario establecer nuevos mecanismos de relación público-privados. En especial, para agilizar los procesos, es preciso modificar el papel de la Administración, que debería actuar más de dinamizadora que de fiscalizadora de la actividad. En este sentido, trabajar con entes, agencias, organismos, empresas públicas o consorcios que gestionen proyectos concretos, con una visión general del proceso urbanístico, económico y social, permite una aproximación a los actores sociales y económicos implicados, así como incrementar los conocimientos, la participación y la eficacia y la eficiencia en la gestión, a la vez que se refuerza la corresponsabilización de todos los agentes.